Entre 2015 y 2018, las exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento (SBC) se expandieron y alcanzaron máximos históricos. El sector ganó relevancia y se convirtió en el cuarto complejo exportador, detrás del sojero, el cerealero y el automotor. Sin embargo, en 2019 las ventas externas de SBC se redujeron 7,3% y la baja -la primera en cinco años- fue generalizada en todas las categorías. Con este resultado, la participación de Argentina en las exportaciones globales de SBC rondaría 0,25%, lejos del máximo de 0,4% de 2011.
La caída en 2019 refleja principalmente la depreciación del peso, que redujo el valor en dólares de la facturación al exterior, así como el impacto de las retenciones a las exportaciones de servicios y el cepo cambiario implementado en el segundo semestre. En otras palabras, la baja proviene de la volatilidad macroeconómica y las medidas con sesgo antiexportador.
La ley de promoción de la economía del conocimiento, aprobada casi por unanimidad en mayo de 2019, mitigaba el sesgo antiexportador pues otorgaba al sector importantes beneficios fiscales a partir de 2020. Sin embargo, el gobierno suspendió la aplicación de la ley a comienzos de este año y presentó un nuevo proyecto que afectaría a las exportaciones de SBC, particularmente en tres aspectos.
Primero, el nuevo proyecto excluye de las actividades promovidas al autodesarrollo, lo cual podría dejar fuera del régimen a empresas que prestan servicios a otras filiales de la misma compañía, como muchos de los centros de servicios informáticos y la mayoría de los profesionales que exportan desde Argentina. Estas son las dos principales categorías de las ventas externas de SBC y las responsables del superávit comercial del sector durante los últimos quince años.
Segundo, el esquema propuesto elimina la estabilidad fiscal garantizada por la ley de 2019. Es más, no solo suprime el compromiso de no incrementar la carga tributaria nacional total, sino que prevé que a partir del segundo año se limite uno de los principales beneficios del régimen de promoción (bono de crédito fiscal ligado a las contribuciones patronales).
Tercero, el nuevo proyecto implica un retroceso importante en materia de doble imposición. En efecto, la doble tributación es el principal obstáculo para las exportaciones de SBC, pues a la ya elevada carga impositiva argentina se le suman las retenciones efectuadas en el exterior. La ley de 2019 habilitaba a las empresas beneficiarias a tomar dichas retenciones a cuenta del pago de impuesto a las ganancias en Argentina. En los términos del nuevo proyecto, sin embargo, solo será posible hacerlo cuando exista un acuerdo específico con el país de destino, lo cual en la actualidad solo sucede con una veintena de países.
El mercado mundial de SBC es extremadamente competitivo. Argentina cuenta con algunas fortalezas importantes como disponibilidad de capital humano calificado, similitud cultural e idiomática y un huso horario apropiado para la exportación a algunos de los principales mercados. No obstante, al tratarse de rubros donde no se requieren grandes inversiones en capital físico, las empresas pueden trasladar fácilmente sus operaciones de un país a otro, lo cual ha motivado a escala global una “guerra de incentivos” para atraer inversiones. De hecho, si bien la ley de 2019 mejoraba significativamente las condiciones para las empresas de la economía del conocimiento en comparación con otros sectores nacionales, apenas reducía la desventaja respecto de los incentivos vigentes en otros países.
Al igual que el resto de la economía, los sectores del conocimiento requieren estabilidad macroeconómica y regulatoria y un esquema tributario que no inhiba los negocios. Es fundamental que el tema esté en agenda cuando se reinicie la actividad parlamentaria. El tren de la economía del conocimiento está en marcha. Sería una pena que lo dejáramos pasar.
Esta nota fue publicada originalmente en Urgente24 el 16 de abril de 2020.
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