Los servicios basados en el conocimiento (SBC)[1] vienen ganando relevancia en la producción, el empleo y las exportaciones a nivel mundial y se encuentran entre las actividades con mayor potencial de crecimiento para las próximas décadas.
América Latina no ha sido ajena a esta tendencia, aunque el dinamismo de estos servicios en la región ha sido menor que en el resto del mundo. No obstante, existen importantes heterogeneidades entre los países de la región: Costa Rica, Uruguay y Argentina son las economías donde los SBC tienen mayor peso relativo en las exportaciones y también aquellos que presentan mayores ventajas comparativas en estos sectores.
Los SBC resultan muy atractivos por sus perspectivas de expansión y de generación de empleo de calidad (formal, calificado y bien remunerado) y por su contribución al desarrollo regional. Es por ello que la mayoría de los países de la región cuenta con políticas orientadas al fomento de estas actividades, incluyendo instrumentos tales como incentivos fiscales, herramientas de financiamiento, desarrollo de infraestructura, planes de formación de capital humano, apoyo a pequeñas y medianas empresas, mecanismos de atracción de inversiones, políticas de asociatividad, articulación entre gobiernos, empresas y academia, entre otros. Sin embargo, hasta el momento las iniciativas no se han llevado a cabo de manera coordinada. El intercambio de buenas prácticas y la cooperación en esta materia podrían derivar en mayor eficiencia y mejores resultados.
Asimismo, existen otros ámbitos donde la cooperación podría contribuir al desarrollo de los SBC en la región. En primer lugar, existen importantes oportunidades para reducir las barreras al comercio intrarregional de SBC a través de la suscripción de nuevos acuerdos de comercio de servicios, así como de la búsqueda de convergencia de los existentes. No obstante, esos acuerdos no resuelven muchos inconvenientes que afectan al comercio de SBC, por lo cual se requieren herramientas complementarias. Entre ellas cabe destacar los convenios para evitar la doble tributación (esenciales para la provisión de servicios de manera remota –modo 1–), los acuerdos de reconocimiento mutuo de formaciones profesionales y la cooperación entre entidades regulatorias, los acuerdos de inversiones (clave para la provisión de servicios mediante presencia comercial –modo 3–) y las disposiciones en materia migratoria que afectan a las personas físicas que se trasladan para consumir el servicio en el extranjero (modo 2) o para proveer SBC en el exterior (modo 4).
En segundo lugar, la cooperación puede orientarse a la incorporación de servicios en otras actividades. Por un lado, puede favorecerse la exportación indirecta mediante la “servificación” de sectores productores de bienes en los cuales existen ventajas comparativas. Ejemplos de ello son el software aplicado a la agricultura y ganadería, la biotecnología, los servicios de ingeniería para la minería, entre otros. Por otro lado, podrían desarrollarse iniciativas conjuntas que permitan aumentar la competitividad en otros sectores. Adicionalmente, los países latinoamericanos –particularmente los más pequeños– podrían valerse de la coordinación para el impulso de servicios que requieren mayor escala que la disponible a nivel nacional.
Por último, cualquier iniciativa nacional o regional requiere de estadísticas precisas para la toma de decisiones. Considerando las limitaciones, deficiencias y heterogeneidades que existen en los datos sobre comercio de servicios, es menester que los países de la región acuerden utilizar una metodología estandarizada para recopilar y difundir datos, utilizando un nomenclador detallado y armonizado que permita contar con información comparable e intercambiando información para mejorar las mediciones. Países como Brasil o Colombia se encuentran más avanzados en este sentido, por lo cual sería deseable favorecer el intercambio de buenas prácticas con el resto de América Latina.
Este texto está basado en la presentación de Romina Gayá en el seminario “Evaluación del proceso de Integración de América Latina”, organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y llevado a cabo el y de mayo de 2019 en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en Montevideo, Uruguay.
[1] Actividades que utilizan de manera intensiva la tecnología y/o que requieren mano de obra calificada para aprovechar las innovaciones tecnológicas (OECD, 1999).
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